No sabemos en qué lenguas deben estar las instrucciones

Ningún acto de la UE sobre productos enumera lenguas. Todos utilizan, en cambio, la misma fórmula: las instrucciones y la información de seguridad deben estar en una lengua que los consumidores puedan comprender fácilmente, según determine el Estado miembro en el que se comercialice el producto. El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) la establece para los fabricantes y los importadores (artículos 9, apartado 7, y 11, apartado 4) y obliga a los distribuidores a comprobarlo antes de vender (artículo 12, apartado 1). La lengua depende, por tanto, del país de venta, y un producto vendido en cinco países puede requerir cinco versiones lingüísticas, o menos cuando un Estado miembro acepta una lengua hablada en otro. Para los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión, los artículos 9 a 18 del GPSR no se aplican (artículo 2, apartado 1, letra b)); en su lugar rige la norma lingüística del propio acto sectorial, mientras que el artículo 19, sobre las ofertas en línea, se aplica a ambos.^[1]

Las directivas sectoriales repiten la fórmula. Con arreglo a la Directiva de baja tensión, los fabricantes y los importadores garantizan que el material eléctrico vaya acompañado de instrucciones e información de seguridad en una lengua que los consumidores y otros usuarios finales comprendan fácilmente, según determine el Estado miembro de que se trate, y que las instrucciones, la información de seguridad y el etiquetado sean claros, comprensibles e inteligibles (Directiva 2014/35/UE, artículos 6, apartado 7, y 8, apartado 4). La Directiva sobre compatibilidad electromagnética aplica la misma norma a las instrucciones y a la información del artículo 18 (Directiva 2014/30/UE, artículos 7, apartado 7, y 9, apartado 4), la Directiva sobre equipos radioeléctricos a las instrucciones y a la información de seguridad (Directiva 2014/53/UE, artículos 10, apartado 8, y 12, apartado 4) y la Directiva sobre la seguridad de los juguetes a los juguetes (Directiva 2009/48/CE, artículos 4, apartado 7, y 6, apartado 4). A partir del 1 de agosto de 2030, el Reglamento (UE) 2025/2509 sobre la seguridad de los juguetes sustituye a esa directiva (artículos 56 y 59 de dicho reglamento).^{[2][7][6][4][8]}

Las advertencias y los datos de contacto tienen sus propias normas. En el caso de los juguetes, un Estado miembro puede disponer que las advertencias y las instrucciones de seguridad se redacten en una lengua que sus consumidores comprendan fácilmente (Directiva 2009/48/CE, artículo 11, apartado 3). Los datos de contacto que los fabricantes y los importadores indican en los equipos eléctricos, de compatibilidad electromagnética y radioeléctricos deben estar en una lengua que los usuarios finales y las autoridades de vigilancia del mercado comprendan fácilmente (Directiva 2014/35/UE, artículos 6, apartado 6, y 8, apartado 3; Directiva 2014/30/UE, artículos 7, apartado 6, y 9, apartado 3; Directiva 2014/53/UE, artículos 10, apartado 7, y 12, apartado 3). Cuando el producto se vende en línea, la oferta muestra las advertencias y la información de seguridad en la lengua que determine el Estado miembro (GPSR, artículo 19, letra d)).^[4][2][6][1]

Los cosméticos reparten la etiqueta. El contenido nominal, la fecha de durabilidad, las precauciones y la función se indican en la lengua que determine la legislación del Estado miembro en el que el producto llega al usuario final (Reglamento (CE) n.º 1223/2009, artículo 19, apartado 5), mientras que la lista de ingredientes utiliza en todos los países las denominaciones comunes del glosario (artículo 19, apartado 6). Los distribuidores verifican que se cumplen los requisitos lingüísticos antes de vender (artículo 6, apartado 2). El Tribunal de Justicia ha declarado que esta norma lingüística también puede aplicarse a un vendedor establecido en otro Estado miembro que vende en línea a consumidores de ese país, porque tales requisitos de etiquetado quedan fuera del ámbito coordinado de la Directiva sobre el comercio electrónico (asunto C-88/23).^[5]

Las autoridades tienen sus propias exigencias lingüísticas. Los fabricantes y los importadores facilitan la documentación que demuestra la conformidad en una lengua que la autoridad solicitante comprenda fácilmente (Directiva 2014/35/UE, artículo 6, apartado 9; Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 4, apartado 3, letra b)), y la declaración UE de conformidad prevista en la Directiva de baja tensión se traduce a la lengua o lenguas exigidas por el Estado miembro en el que el material se introduce o se comercializa (Directiva 2014/35/UE, artículo 15, apartado 2). Cuando se constata que los productos no son conformes, las autoridades pueden exigir advertencias en la lengua o lenguas que determine ese Estado miembro (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 16, apartado 3, letra e)).^[2][3]