El Reglamento (UE) 2019/1020 define la vigilancia del mercado como las actividades llevadas a cabo y las medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado para garantizar que los productos cumplen los requisitos de la legislación de armonización de la Unión aplicable y para garantizar la protección del interés público amparado por dicha legislación. Una autoridad de vigilancia del mercado es la autoridad designada por un Estado miembro con arreglo al artículo 10 como responsable de llevar a cabo la vigilancia del mercado en su territorio. El Reglamento relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) emplea las mismas definiciones para los productos de consumo no cubiertos por la legislación de armonización.
El artículo 11 describe lo que hacen las autoridades: comprobar las características de los productos a una escala adecuada mediante controles documentales y, cuando proceda, controles físicos y de laboratorio, siguiendo un enfoque basado en el riesgo, y exigir a los operadores económicos que adopten medidas correctoras. El artículo 14 enumera las facultades mínimas, entre ellas la de exigir documentos, especificaciones técnicas e información sobre la cadena de suministro, realizar inspecciones sin previo aviso, adquirir muestras bajo una identidad encubierta, ordenar el cese de un incumplimiento, prohibir o restringir la comercialización de un producto, ordenar su retirada o su recuperación e imponer sanciones. El artículo 16 establece las medidas aplicables cuando un producto puede comprometer la salud o la seguridad, o no es conforme, desde ponerlo en conformidad hasta su destrucción.
Para una empresa, la vigilancia del mercado es el momento en que la documentación técnica, la declaración de conformidad y el etiquetado se inspeccionan realmente, por lo general a requerimiento de la autoridad y dentro de un plazo determinado. En España, la mayoría de los productos de consumo y eléctricos están sujetos a la vigilancia de las autoridades de consumo de las comunidades autónomas —la Agència Catalana del Consum, Kontsumobide o las direcciones generales de consumo autonómicas—, que pueden dictar requerimientos, exigir la retirada o la recuperación del producto y notificarlo a través de la Red de Alerta (SIRI), desde donde la Dirección General de Consumo lo traslada al Safety Gate.