El Reglamento (UE) 2019/1020 establece el marco común para la vigilancia del mercado de los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión, es decir, los actos enumerados en su anexo I, desde los juguetes y el material eléctrico hasta las máquinas, los equipos de protección individual y el diseño ecológico. Su objetivo declarado (artículo 1) es garantizar que solo se comercialicen en el mercado de la Unión productos conformes que cumplan requisitos que ofrezcan un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad, de los consumidores y del medio ambiente. Sustituyó a los capítulos de vigilancia del mercado del Reglamento (CE) n.º 765/2008, que sigue rigiendo la acreditación y el marcado CE, y es aplicable desde el 16 de julio de 2021 (artículo 44).
El capítulo II se ocupa de los operadores económicos. El artículo 4 exige que determinados productos cuenten con un operador económico establecido en la Unión responsable de la documentación de conformidad y de la cooperación con las autoridades, y el artículo 7 obliga a todos los operadores económicos, así como a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, a cooperar en las actuaciones dirigidas a eliminar o mitigar los riesgos. Los capítulos IV a VI organizan a las autoridades: la designación de las autoridades de vigilancia del mercado y de una oficina de enlace única por Estado miembro (artículo 10), los controles basados en el riesgo (artículo 11), un conjunto mínimo de facultades de investigación y de ejecución (artículo 14), las medidas correctoras (artículo 16), el tratamiento de los productos que presentan un riesgo grave y su notificación a través del sistema de alerta rápida (artículos 19 y 20) y la asistencia mutua entre Estados miembros. El capítulo VII confiere a las autoridades aduaneras y a las autoridades designadas las facultades para controlar los productos que entran en el mercado de la Unión (artículos 25 a 28).
Para los fabricantes y los importadores, este Reglamento es la razón por la que en el producto debe figurar una dirección de la UE, por la que la documentación técnica debe estar disponible cuando se solicite y por la que la decisión de una autoridad nacional puede extenderse a toda la Unión.