Vendemos una báscula o un instrumento de medida

Las básculas se regulan según el uso al que se destinan. La Directiva 2014/31/UE se aplica a todos los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, es decir, los instrumentos de pesaje que requieren la intervención de un operador durante el pesaje (artículo 1, apartado 1, y artículo 2, apartado 2). El artículo 1, apartado 2, divide después su uso en siete categorías. Las de las letras a) a f) son las reguladas: la determinación de la masa en transacciones comerciales; para calcular un peaje, una tarifa, un impuesto, una prima, una multa o un pago similar; para aplicar leyes o en un dictamen pericial judicial; para pesar pacientes con fines médicos; para la elaboración de medicamentos en una farmacia y para los análisis de laboratorios médicos y farmacéuticos; y para la fijación de precios en función de la masa en la venta directa al público y en la elaboración de preenvases. La letra g) abarca todas las demás aplicaciones. El Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva se aplica cuando las autoridades judiciales o policiales utilizan tales instrumentos para determinar la masa de un vehículo a fin de aplicar la legislación penal nacional (asunto C-283/23).^[1][5]

Solo los usos regulados conllevan el procedimiento completo. Los instrumentos de las letras a) a f) cumplen los requisitos esenciales del anexo I (artículo 4); el fabricante elabora la documentación técnica del anexo II y aplica el procedimiento del artículo 13, y a continuación elabora la declaración UE de conformidad y coloca el marcado CE y el marcado metrológico suplementario (artículo 6, apartados 1 y 2). Los procedimientos son el módulo B seguido del módulo D o F, el módulo D1 o F1 para los instrumentos sin dispositivos electrónicos y sin muelle en el dispositivo de medida de la carga, o el módulo G (artículo 13, apartado 1). Los instrumentos para otros usos llevan las inscripciones del punto 2 del anexo III, y los dispositivos conectados a un instrumento regulado pero no utilizados con un fin regulado llevan el símbolo de uso restringido (artículos 6, apartado 5, y 18). Los Estados miembros garantizan que los instrumentos no se pongan en servicio para los usos regulados a menos que cumplan la Directiva (artículo 3, apartado 2).^[1]

Los demás instrumentos entran en el ámbito de la Directiva sobre instrumentos de medida 2014/32/UE. Esta abarca los instrumentos definidos en sus anexos III a XII: contadores de agua, contadores de gas y dispositivos de conversión de volumen, contadores de energía eléctrica activa, contadores de energía térmica, sistemas de medición de líquidos distintos del agua, instrumentos de pesaje automático, taxímetros, medidas materializadas, instrumentos de medida de dimensiones y analizadores de gases de escape (artículo 2, apartado 1). Establece requisitos para las tareas de medición que prescriba un Estado miembro por razones como la lealtad de las transacciones comerciales, la protección de los consumidores o la recaudación de impuestos (artículos 1 y 3, apartado 1). El fabricante elige un procedimiento entre los enumerados en el anexo del instrumento (artículo 17), coloca el marcado CE y el marcado metrológico antes de introducir el instrumento en el mercado (artículo 22, apartado 3) y conserva la documentación durante 10 años (artículo 8, apartado 3). La Directiva (UE) 2026/706 añade los sistemas de medición para los equipos de suministro de vehículos eléctricos (MI-011) y para los surtidores de gas comprimido (MI-012) y modifica los anexos de los contadores. Los Estados miembros la aplican a partir del 10 de octubre de 2028; los instrumentos conformes con la Directiva 2014/32/UE en su versión del 8 de abril de 2026 que se introduzcan en el mercado antes del 10 de octubre de 2028 pueden seguir comercializándose (artículos 1 a 3).^[2][6]

A menudo se aplican otras dos capas. Una báscula vendida a consumidores para uso doméstico es un producto de consumo, y el Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) se aplica en la medida en que no existan disposiciones específicas de la Unión con el mismo objetivo que regulen su seguridad (artículo 2, apartado 1). Dado que una báscula doméstica sigue sujeta a la Directiva 2014/31/UE, y una electrónica también a la Directiva 2014/30/UE, el capítulo II del Reglamento cubre los riesgos que esos actos dejan sin cubrir, mientras que su capítulo III, sección 1, no se aplica a los productos sujetos a un acto de armonización específico del producto (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b). En el caso de una báscula electrónica, lo resuelve la Directiva de compatibilidad electromagnética. Para una báscula puramente mecánica de la letra g), cuyo único requisito son las inscripciones, lo prudente es seguir los artículos 9 y 11. Ambas directivas figuran además en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/1020, por lo que un operador económico establecido en la Unión debe conservar la declaración y poner la documentación técnica a disposición de las autoridades (artículo 4, apartados 1 y 3).^[3][4]