La dirección pregunta de qué responde la empresa

La primera exposición es regulatoria. Cuando un producto puede comprometer la salud o la seguridad o no es conforme con la legislación aplicable, las autoridades de vigilancia del mercado exigen al operador económico pertinente que adopte medidas correctoras adecuadas y proporcionadas en el plazo que ellas determinen (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 16, apartados 1 y 2). La medida puede consistir en poner el producto en conformidad, impedir su comercialización, retirarlo o recuperarlo y alertar al público, o destruirlo (artículo 16, apartado 3). Si el operador no actúa, las autoridades garantizan que el producto se retire o se recupere, o que se prohíba o se restrinja su venta, e informan al público (artículo 16, apartado 5). Entre sus competencias figuran exigir documentos, realizar inspecciones sin previo aviso, adquirir muestras con identidad encubierta e imponer sanciones (artículo 14, apartado 4).^[1]

El dinero llega por dos vías. Los Estados miembros pueden facultar a sus autoridades para reclamar al operador económico la totalidad de los costes de sus actuaciones con respecto a un incumplimiento, incluidos los ensayos, el almacenamiento y las medidas adoptadas (artículo 15). Y los Estados miembros establecen sanciones para las infracciones de la legislación de armonización enumerada en el anexo II del Reglamento (UE) 2019/1020 y del Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos; ambos actos exigen que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y ninguno fija un importe (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 41; GPSR, artículo 44).^[1][2]

La segunda exposición es el coste de una recuperación. Cuando un fabricante tiene motivos para creer que un producto que ha introducido en el mercado es peligroso, debe adoptar de inmediato medidas correctoras, incluidas la retirada o la recuperación según proceda (GPSR, artículo 9, apartado 8). En una recuperación, el operador responsable ofrece al consumidor una solución eficaz, gratuita y oportuna: la elección entre al menos dos de estas opciones, reparación, sustitución y un reembolso al menos igual al precio pagado, salvo que solo sea posible una o que las otras resulten desproporcionadas (artículo 37, apartados 1 y 2). El consumidor no soporta el coste del envío ni de la devolución del producto (artículo 37, apartado 5).^[2]

La tercera exposición es la responsabilidad civil por daños. Con arreglo a la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, que se aplica a los productos introducidos en el mercado o puestos en servicio a partir del 9 de diciembre de 2026, toda persona física que sufra un daño causado por un producto defectuoso tiene derecho a indemnización (artículos 2, apartado 1, y 5). Responde el fabricante; cuando el fabricante está fuera de la Unión, responden también el importador y el representante autorizado y, en su defecto, el prestador de servicios logísticos (artículo 8, apartado 1). La empresa que modifique sustancialmente un producto se considera su fabricante (artículo 8, apartado 2), y cuando no pueda identificarse a ningún operador responsable establecido en la Unión, un distribuidor pasa a ser responsable si no identifica a ese operador o a su propio proveedor en el plazo de un mes desde que se le solicite (artículo 8, apartado 3). La responsabilidad no puede excluirse por contrato frente a la persona perjudicada (artículo 15). Los productos introducidos en el mercado antes de esa fecha siguen sujetos a la Directiva 85/374/CEE (artículo 21).^[3]