Nadie en la empresa se ocupa del cumplimiento normativo

El Derecho de la UE sobre productos no se dirige a departamentos ni a cargos. Sus deberes recaen en el operador económico: el fabricante, el importador, el distribuidor. Con arreglo al Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR), el fabricante lleva a cabo un análisis interno de riesgos y elabora la documentación técnica antes de introducir un producto en el mercado, la mantiene actualizada y a disposición de las autoridades durante 10 años, y garantiza que existan procedimientos para que los productos fabricados en serie sigan siendo conformes (artículo 9, apartados 2 a 4). Establece canales para las reclamaciones, las investiga y lleva un registro interno (artículo 9, apartados 11 y 12). El importador se asegura, antes de introducir un producto en el mercado, de que el fabricante ha cumplido sus deberes de documentación y marcado (artículo 11, apartado 1).^[1]

El Reglamento añade un requisito de organización: los operadores económicos garantizarán que disponen de procesos internos de seguridad de los productos que les permitan cumplir los requisitos pertinentes (artículo 14). Las orientaciones de la Comisión ponen como ejemplo contar con personal formado en cuestiones de seguridad de los productos y conocedor de la legislación de la UE en la materia (Comunicación de la Comisión C/2025/6233, sección 3.1.1). El Reglamento no dice cómo son esos procesos ni quién los dirige. Es una decisión de la empresa, y una empresa en la que nadie se ocupa de la cuestión no la ha tomado.^[1][5]

Varios deberes no pueden esperar a que alguien se sienta responsable. Cuando un fabricante considera o tiene motivos para creer que un producto es peligroso, debe adoptar de inmediato medidas correctoras, informar a los consumidores e informar a las autoridades (artículo 9, apartado 8). Un accidente causado por un producto se notifica sin demora indebida desde que el fabricante tiene conocimiento de él, y los importadores y distribuidores que tengan noticia de un accidente informan al fabricante sin demora indebida (artículo 20, apartados 1 y 3). A petición de la autoridad, el operador económico identifica a sus proveedores y a sus clientes profesionales durante seis años (artículo 15, apartados 3 y 5). Todo ello presupone que la información que llega a una parte de la empresa alcance a una persona que pueda decidir.^[1]

Los deberes no disminuyen porque una sola persona se ocupe de ellos además de otro trabajo; los artículos sobre fabricantes e importadores no prevén excepción alguna para los operadores pequeños. Lo que sí hacen es dar estructura al trabajo. Algunos deberes son barreras: deben cumplirse antes de introducir un producto en el mercado, y el importador que tenga motivos para creer que no se cumplen no debe introducir el producto (artículo 11, apartado 2). Otros son plazos, como la actuación inmediata ante un producto peligroso (artículo 9, apartado 8, y artículo 11, apartado 8) y la notificación de accidentes (artículo 20, apartado 1). El resto es continuo: mantener actualizada la documentación y conforme la producción en serie (artículo 9, apartado 4), llevar el registro. El volumen de documentación depende a su vez del riesgo: la documentación contiene como mínimo una descripción general del producto y de sus características esenciales pertinentes para evaluar su seguridad, y el análisis de los posibles riesgos y de las soluciones adoptadas; los informes de ensayo y las normas aplicadas se añaden cuando proceda en función de los posibles riesgos (artículo 9, apartado 2), de modo que un producto sencillo y de bajo riesgo requiere una documentación breve. La Comisión debe adoptar además directrices específicas para los operadores económicos, atendiendo especialmente a las necesidades de las pymes, incluidas las microempresas, sobre cómo cumplir las obligaciones del Reglamento (artículo 17, apartado 2).^[1]

En los productos sujetos a un acto de marcado CE, el capítulo del GPSR que contiene estos artículos de organización no se aplica (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b)); los actos sectoriales fijan los suyos. Con arreglo a la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE, por ejemplo, los fabricantes garantizan que existan procedimientos para que la producción en serie siga siendo conforme y que se tengan debidamente en cuenta los cambios en el diseño o en las características del producto y en las normas o especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se declara la conformidad (artículo 6, apartado 4). La Guía azul de la Comisión enuncia el principio que subyace a todo ello: el fabricante tiene la responsabilidad última de la conformidad del producto y no puede en ningún caso eximirse de sus responsabilidades trasladándolas a un representante autorizado, a un distribuidor o a un subcontratista (sección 3.1). Cuando las autoridades constatan un incumplimiento, exigen que actúe el operador económico pertinente, es decir, la empresa (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 16, apartado 2).^[2][3][4]