Un cliente resultó herido por nuestro producto

El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) dedica un artículo exactamente a esta situación. El artículo 20 exige que el fabricante garantice que un accidente causado por un producto introducido o comercializado en el mercado se notifique, a través del Safety Business Gateway y sin demora indebida desde que tenga conocimiento del accidente, a las autoridades competentes del Estado miembro en el que este se haya producido. La notificación incluye el tipo y el número de identificación del producto y las circunstancias del accidente, si se conocen; la autoridad puede solicitar posteriormente cualquier otra información pertinente.^[1]

La obligación recae en el fabricante, pero el conocimiento suele estar en otra parte. Los importadores y los distribuidores que tengan conocimiento de un accidente informan al fabricante sin demora indebida, y este notifica el accidente o da instrucciones al importador o a uno de los distribuidores para que lo hagan. Cuando el fabricante no esté establecido en la Unión, la persona responsable que tenga conocimiento del accidente garantiza que se efectúe la notificación (artículo 20, apartados 3 y 4).^[1]

Un accidente es también una reclamación. Los fabricantes investigan las reclamaciones y la información sobre accidentes relativas a la seguridad de sus productos, y llevan un registro interno de reclamaciones, recuperaciones y medidas correctoras (artículo 9, apartado 12); los importadores hacen lo mismo (artículo 11, apartado 10). El registro solo puede contener los datos personales que necesite la investigación, durante un máximo de cinco años desde su inscripción (artículos 9, apartado 13, y 11, apartado 11).^[1]

Decidir si el producto debe corregirse es una cuestión aparte. El fabricante que considere, o tenga motivos para creer, que un producto que ha introducido en el mercado es peligroso debe adoptar de inmediato medidas correctoras, informar a los consumidores e informar a las autoridades de los Estados miembros en los que se haya comercializado el producto (artículo 9, apartado 8). A petición de la autoridad, todo operador económico le facilita una descripción completa del riesgo, las reclamaciones conexas y los accidentes conocidos, así como de cualquier medida correctora adoptada (artículo 15, apartado 2).^[1]

La vigilancia del mercado propiamente dicha se rige por el Reglamento (UE) 2019/1020, cuyas disposiciones en la materia el GPSR aplica en parte a los productos de consumo (artículo 23, apartado 1). Cuando un operador no actúa, la autoridad garantiza que el producto se retire o se recupere e informa al público (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 16, apartado 5). La indemnización por las lesiones es una cuestión aparte, propia del Derecho de responsabilidad por productos defectuosos: la Directiva (UE) 2024/2853 se aplica a los productos introducidos en el mercado o puestos en servicio a partir del 9 de diciembre de 2026, y el Derecho nacional que transpone la Directiva 85/374/CEE, a los anteriores.^[2]