Nuestro contrato de suministro no menciona el cumplimiento

La normativa de producto de la UE asigna las obligaciones por función, no por contrato. Con arreglo al Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR), el importador debe garantizar, antes de introducir un producto en el mercado, que el fabricante ha elaborado el análisis de riesgos y la documentación técnica (artículo 11, apartado 1), conservar una copia de esa documentación durante 10 años (artículo 11, apartado 6) y actuar cuando un producto que ha introducido en el mercado es peligroso (artículo 11, apartado 8). Quien introduce un producto en el mercado con su propio nombre o marca se considera fabricante y asume en su totalidad el artículo 9 (artículo 13, apartado 1). La Guía azul de la Comisión añade que el fabricante que subcontrata debe conservar el control global, debe recibir toda la información que necesita y no puede en ningún caso desentenderse de sus responsabilidades.^[1][2]

Varias de estas obligaciones dependen de información que solo tiene el proveedor. Todo operador económico debe poder identificar, previa solicitud, a quien le suministró el producto o una parte, un componente o un programa informático integrado, y conservar esa información disponible durante seis años (artículo 15, apartados 3 y 5). Los fabricantes deben mantener oportunamente informados a los demás operadores económicos de la cadena sobre los problemas de seguridad que detecten (artículo 9, apartado 10), garantizar que la producción en serie siga siendo conforme (artículo 9, apartado 4) y mantener actualizada la documentación (artículo 9, apartado 3). El GPSR exige además que cada operador económico disponga de procesos internos en materia de seguridad de los productos (artículo 14). Para los productos sujetos a un acto de armonización específico, las obligaciones equivalentes figuran en el acto sectorial (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b)), y, para los actos enumerados en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/1020, el operador responsable en la Unión debe poder facilitar la documentación en una lengua que la autoridad comprenda con facilidad (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 4, apartado 3, letra b)).^[1][4]

El contrato de suministro es el lugar donde se asegura esa información. La Guía azul de la Comisión considera una buena práctica que los importadores hagan referencia en el contrato con el proveedor a la legislación de la UE aplicable y se aseguren el acceso al expediente técnico, o la obligación firmada del fabricante de facilitarlo (nota 139). La ley no redacta las cláusulas ni resuelve quién paga los ensayos, las retiradas o las recuperaciones entre comprador y proveedor; eso pertenece al Derecho contractual comercial y nacional, y es el ámbito del asesoramiento jurídico. Lo que sí resuelve la ley es que usted no puede remitirse al contrato cuando una autoridad se lo pide.^[1][2]

Hay una prohibición más reciente que debe figurar en las mismas cláusulas. El Reglamento (UE) 2024/3015 prohíbe introducir o comercializar en el mercado de la Unión, o exportar, productos fabricados con trabajo forzoso en cualquier fase de su cadena de suministro (artículos 2, punto 7, y 3). Se aplica a partir del 14 de diciembre de 2027 (artículo 39) y no crea obligaciones adicionales de diligencia debida más allá de las ya existentes (artículo 1, apartado 3).^[3]