No sabemos si debemos retirar o recuperar

El Reglamento General de Seguridad de los Productos (UE) 2023/988 define ambos términos. La retirada es cualquier medida destinada a impedir que se comercialice un producto que se encuentra en la cadena de suministro (artículo 3, punto 26); la recuperación es cualquier medida destinada a conseguir la devolución de un producto que ya se ha puesto a disposición del consumidor (artículo 3, punto 25). La primera detiene las unidades que no han llegado a los consumidores, la segunda hace volver las que sí han llegado.^[1]

La elección viene enmarcada por la obligación que la sustenta. El fabricante que considere, o tenga motivos para creer, que un producto que ha introducido en el mercado es peligroso debe adoptar de inmediato las medidas correctoras necesarias para hacer que el producto sea conforme de manera efectiva, incluida una retirada o una recuperación, según proceda; informar a los consumidores con arreglo al artículo 35 o al 36, o a ambos; e informar a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que el producto se comercializó, a través del Safety Business Gateway, con detalles del riesgo, de las medidas ya adoptadas y, si se dispone de ella, de la cantidad de productos que siguen en circulación por Estado miembro (artículo 9, apartado 8). Los importadores y los distribuidores se aseguran de que se adopten las mismas medidas (artículos 11, apartado 8, y 12, apartado 4).^[1]

La expresión «según proceda» la resuelve la evaluación de riesgos. Un producto peligroso es todo producto que no sea seguro (artículo 3, punto 3); el artículo 6 enumera los aspectos que deben evaluarse, desde las características y la presentación del producto hasta los consumidores que lo utilizan; y un riesgo grave es aquel que exige una intervención rápida de las autoridades, incluso cuando sus efectos no son inmediatos (artículo 3, punto 5). Si las unidades que entrañan el riesgo están en manos de los consumidores, solo es efectiva una medida que llegue a los consumidores.^[1]

Las normas que rigen la actuación de las propias autoridades apuntan en la misma dirección. Con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1020, las medidas correctoras pueden incluir la retirada o la recuperación inmediata del producto y la alerta al público; solo pueden exigirse advertencias y condiciones cuando el riesgo existe únicamente en determinadas condiciones o para determinados usuarios finales; y los productos que presentan un riesgo grave se retiran o se recuperan cuando no existe otro medio efectivo de eliminar el riesgo (artículo 16, apartados 3 y 4, y artículo 19, apartado 1). Cuando el operador no actúa, la autoridad vela ella misma por que se adopte la medida (artículo 16, apartado 5).^[2]

Cualquiera que sea la medida que elija, debe constar en el registro interno de reclamaciones, recuperaciones y medidas correctoras (artículos 9, apartado 12, y 11, apartado 10), preferiblemente con la decisión y sus motivos, y la autoridad puede solicitar informes sobre los avances y decidir cuándo se completa la medida (artículo 15, apartado 6).^[1]