Se ha ido la persona que sabía de nuestro cumplimiento

El conocimiento sobre cumplimiento normativo suele residir en una sola cabeza y en un solo buzón, pero la ley no se dirige a las personas. El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) atribuye sus obligaciones a los operadores económicos. El fabricante realiza un análisis interno de riesgos y elabora la documentación técnica antes de introducir un producto en el mercado, la mantiene actualizada y la conserva a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado durante 10 años (artículo 9, apartados 2 y 3). Mantiene procedimientos para que los productos fabricados en serie sigan siendo conformes (artículo 9, apartado 4).^[1]

Algunas obligaciones se activan por determinados hechos y no admiten pausa. Cuando un fabricante tiene motivos para creer que un producto que ha introducido en el mercado es peligroso, debe adoptar de inmediato medidas correctoras, informar a los consumidores e informar a las autoridades a través del Safety Business Gateway (artículo 9, apartado 8). Mantiene informados de las cuestiones de seguridad a los demás operadores de la cadena de suministro (artículo 9, apartado 10), investiga las reclamaciones y la información sobre accidentes y lleva un registro interno de reclamaciones, recuperaciones y medidas correctoras (artículo 9, apartado 12). Un accidente causado por el producto se notifica sin demora indebida a través del Safety Business Gateway (artículo 20, apartado 1). Los importadores tienen obligaciones paralelas (artículo 11). Con arreglo al artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b), el capítulo III, sección 1 (artículos 9 a 18), no se aplica a los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión; la obligación relativa a los accidentes del artículo 20 figura en la sección 2, que esa letra no excluye.^[1]

Para los productos con marcado CE, las obligaciones las fija el acto sectorial. Con arreglo a la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, el fabricante conserva la documentación técnica y la declaración durante 10 años (artículo 6, apartado 3), tiene en cuenta los cambios en el diseño y en las normas (artículo 6, apartado 4), actúa de inmediato ante la no conformidad e informa a las autoridades cuando el equipo presenta un riesgo (artículo 6, apartado 8) y facilita la documentación previa solicitud motivada (artículo 6, apartado 9). Un representante autorizado puede conservar el expediente y atender a las autoridades, pero la elaboración de la documentación técnica no puede formar parte de su mandato (artículo 7).^[2]

Las autoridades tratan con quien representa el producto en la Unión. En el caso de los productos sujetos a los actos enumerados en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/1020, el operador establecido en la UE comprueba que existen la declaración y la documentación técnica, facilita la documentación previa solicitud motivada, informa a las autoridades de los riesgos y coopera en las medidas correctoras (artículo 4, apartado 3). Su nombre y sus datos de contacto figuran en el producto, en el embalaje, en el paquete o en un documento que lo acompañe (artículo 4, apartado 4). Un cambio de personal no cambia quién es ese operador.^[3]