Una licitación exige documentos de conformidad por producto

Un comprador público no inventa libremente sus exigencias documentales. Con arreglo a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, las especificaciones técnicas de los pliegos de la contratación definen las características exigidas a un suministro (artículo 42, apartado 1). Se formulan como requisitos de rendimiento o funcionales, o por referencia a normas, y cada referencia a una norma va acompañada de la mención «o equivalente» (artículo 42, apartado 3). Las especificaciones deben dar a los operadores económicos igualdad de acceso y no crear obstáculos injustificados a la competencia (artículo 42, apartado 2).^[1]

La directiva también dice cómo se prueba la conformidad. Un poder adjudicador puede exigir un informe de ensayo de un organismo de evaluación de la conformidad, o un certificado expedido por dicho organismo, como prueba de conformidad con las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. El organismo debe estar acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008, y deben aceptarse los certificados de organismos equivalentes (artículo 44, apartado 1). Deben aceptarse otros medios de prueba adecuados, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador no tuvo acceso a los informes o no pudo obtenerlos en los plazos, por razones que no le son imputables, y demuestra que se cumplen los requisitos (artículo 44, apartado 2).^[1]

Los documentos que pide una licitación suelen existir ya, porque la legislación de producto los exige. En los productos de consumo sin legislación de armonización con marcado CE, el fabricante realiza un análisis interno de riesgos y elabora la documentación técnica antes de introducir el producto en el mercado, y la conserva durante 10 años (Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR), artículo 9, apartados 2 y 3). En los productos con marcado CE se aplica en su lugar el acto sectorial; con arreglo a la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, por ejemplo, el fabricante elabora la documentación técnica, efectúa la evaluación de la conformidad, redacta la declaración UE de conformidad y coloca el marcado CE (artículo 6, apartado 2).^[2][3]

De ello se derivan dos cosas. Una licitación no puede responderse con documentos que el producto no tiene: un producto sin legislación de armonización con marcado CE carece de declaración UE de conformidad, y lo honesto es decirlo y presentar en su lugar la documentación técnica. Y el mismo expediente sirve a las autoridades, que pueden exigir documentos e información sobre el cumplimiento a cualquier operador económico (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 14, apartado 4, letra a)). Lo que envía a un comprador debe coincidir con lo que enviaría a una autoridad.^[4]