Un minorista anuncia una auditoría de nuestra gama

La auditoría de un minorista no tiene base jurídica propia; es una cláusula de la relación de suministro. Su contenido, sin embargo, se ajusta al Reglamento General de Seguridad de los Productos (UE) 2023/988. Todo operador económico debe tener establecidos procesos internos de seguridad de los productos que le permitan cumplir el Reglamento (artículo 14). Los fabricantes elaboran la documentación técnica, la mantienen actualizada y la conservan durante 10 años después de la introducción del producto en el mercado (artículo 9, apartados 2 y 3), y los importadores conservan una copia durante el mismo período (artículo 11, apartado 6).^[1]

Los minoristas comprueban porque sus propios deberes dependen de ello. El distribuidor verifica antes de vender que el identificador, los datos del fabricante y del importador y las instrucciones están en su sitio, y no debe vender un producto que tenga motivos para creer que no es conforme (artículo 12, apartados 1 y 3). Cuando un producto que ya ha vendido es peligroso o carece de esos elementos, debe informar al fabricante o al importador, garantizar que se adopten medidas correctoras y garantizar que se informe a las autoridades a través del Safety Business Gateway (artículo 12, apartado 4). La Guía azul de la Comisión añade que los distribuidores deben poder demostrar a las autoridades que actuaron con la debida diligencia (sección 3.4). La auditoría es la manera en que un minorista construye esa prueba.^[1][3]

Los procesos importan tanto como los documentos. Los fabricantes deben disponer de canales para las reclamaciones de los consumidores, investigar las reclamaciones sobre productos peligrosos y llevar un registro interno de reclamaciones, recuperaciones y medidas correctoras (artículo 9, apartados 11 y 12); los importadores inscriben las reclamaciones en ese registro o en el suyo propio y mantienen informados al fabricante y a los distribuidores (artículo 11, apartado 10). A petición de la autoridad, todo operador económico identifica a sus proveedores y a sus clientes del producto y puede presentar esa información durante seis años (artículo 15, apartados 3 y 5).^[1]

Las observaciones pueden desencadenar obligaciones legales. Si una auditoría revela que un producto ya introducido en el mercado es peligroso, el fabricante debe adoptar de inmediato medidas correctoras, informar a los consumidores y notificarlo a las autoridades de vigilancia del mercado a través del Safety Business Gateway (artículo 9, apartado 8); el importador tiene un deber paralelo (artículo 11, apartado 8). Las autoridades, a su vez, pueden exigir documentos y datos de la cadena de suministro a cualquier operador económico (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 14, apartado 4, letras a) y b)). Para los productos sujetos a actos con marcado CE, el capítulo III, sección 1, del GPSR no se aplica (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b)) y los actos sectoriales establecen los deberes correspondientes.^[1][2]