Tenemos que recuperar un producto vendido en varios países

Una recuperación con arreglo al Reglamento General de Seguridad de los Productos (UE) 2023/988 sigue al producto, no al país de origen de la empresa. Cuando un fabricante considera, o tiene motivos para creer, que un producto que ha introducido en el mercado es peligroso, debe adoptar de inmediato las medidas correctoras necesarias, informar a los consumidores e informar, a través del Safety Business Gateway, a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que se ha comercializado el producto (artículo 9, apartado 8). La notificación detalla el riesgo para la salud y la seguridad, cualquier medida correctora ya adoptada y, si se dispone de ella, la cantidad, por Estado miembro, de productos que aún circulan en el mercado. Los importadores tienen una obligación equivalente en el artículo 11, apartado 8, que incluye la notificación a través del Safety Business Gateway (artículo 11, apartado 8, letra d)).^[1]

El idioma también sigue al mercado. Un aviso de recuperación debe ser fácilmente comprensible para los consumidores y estar disponible en la lengua o lenguas del Estado o Estados miembros donde se ha comercializado el producto, y debe contener los elementos enumerados en el artículo 36, apartado 2, entre ellos un número de teléfono gratuito o un servicio interactivo en línea donde los consumidores puedan obtener más información en las lenguas oficiales pertinentes. Los consumidores que puedan identificarse reciben una notificación directa; cuando no pueda llegarse a todos, el aviso se difunde por otros canales adecuados para lograr el mayor alcance posible (artículo 35, apartados 1 y 4).^[1]

Las autoridades comparten lo que ven. Los Estados miembros notifican las medidas correctoras relativas a productos que presentan un riesgo grave a través del Sistema de Alerta Rápida Safety Gate, en un plazo de cuatro días hábiles desde la adopción de la medida, y cuando un Estado miembro notifica una de esas medidas, los demás notifican las medidas u otras acciones que adopten posteriormente para esos mismos productos a más tardar cuatro días hábiles después de adoptarlas (artículo 26, apartados 1, 4 y 7). Las pruebas utilizadas por la autoridad de un Estado miembro pueden utilizarse en las investigaciones de otro sin más requisitos formales (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 11, apartado 6, aplicado por el GPSR, artículo 23, apartado 1).^[1][2]

El resto de la cadena también queda implicado. Los distribuidores que tengan motivos para creer que un producto es peligroso se aseguran de que se adopten medidas correctoras y facilitan la información de que dispongan, incluido el número de productos afectados (artículo 12, apartado 4). Los prestadores de mercados en línea cooperan con las autoridades y los operadores, notifican a los compradores que adquirieron el producto a través de sus interfaces cuando tienen conocimiento efectivo de una recuperación y publican la información sobre la recuperación en sus interfaces (artículo 22, apartado 12). Cada autoridad puede solicitar informes periódicos de seguimiento y decidir si la medida puede considerarse concluida y cuándo (artículo 15, apartado 6).^[1]