La Directiva 2012/19/UE define los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) como los aparatos que necesitan, para funcionar correctamente, corrientes eléctricas o campos electromagnéticos, y los aparatos para la generación, transferencia y medida de tales corrientes y campos, concebidos para su uso con una tensión nominal no superior a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua, y los RAEE como dichos aparatos que son residuos, incluidos todos los componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha (artículo 3, apartado 1). Desde el 15 de agosto de 2018 la directiva tiene un ámbito de aplicación abierto: todos los AEE se clasifican en una de las seis categorías del anexo III —aparatos de intercambio de temperatura, pantallas, lámparas, aparatos grandes, aparatos pequeños y aparatos pequeños de informática y telecomunicaciones—, salvo que estén excluidos por el artículo 2.
El objetivo de la directiva es prevenir la generación de RAEE y fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, de acuerdo con la jerarquía de residuos de la Directiva marco de residuos (artículo 1). Los Estados miembros deben garantizar la recogida selectiva, con alta prioridad para los aparatos que contengan sustancias que agotan la capa de ozono, las lámparas de mercurio, los paneles fotovoltaicos y los aparatos pequeños (artículo 5), cumplir los objetivos de recogida y garantizar que los RAEE reciban un tratamiento adecuado. Debe informarse a los usuarios de que no deben desechar los RAEE como residuos municipales no seleccionados, y los aparatos llevan el símbolo del contenedor de basura tachado (artículo 14).
Para las empresas, las disposiciones clave son los artículos 12 y 16. Los productores, definidos de forma que incluyen a fabricantes, titulares de marca, importadores y vendedores a distancia de otros países, financian la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE de hogares particulares, y deben registrarse en el registro nacional de cada Estado miembro en el que vendan; los productores establecidos en otro país se registran a través de un representante autorizado. La directiva entró en vigor el 13 de agosto de 2012 y debía transponerse antes del 14 de febrero de 2014, sustituyendo a la Directiva 2002/96/CE.