La Directiva 2011/65/UE, la Directiva RoHS refundida, establece normas sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) para proteger la salud humana y el medio ambiente, incluida la valorización y eliminación de los residuos de AEE de forma respetuosa con el medio ambiente (artículo 1). Se aplica a los AEE de las once categorías del anexo I, desde grandes y pequeños electrodomésticos, equipos informáticos y de consumo, iluminación y herramientas, hasta juguetes, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, expendedores automáticos y, desde que el ámbito de aplicación abierto surtió pleno efecto, cualquier otro AEE no cubierto en otra categoría, sujeto a las exclusiones del artículo 2.
El artículo 4 contiene la norma esencial: los AEE introducidos en el mercado, incluidos los cables y las piezas de recambio, no deben contener las sustancias enumeradas en el anexo II por encima de los valores máximos de concentración en peso en materiales homogéneos, que son el 0,1 % para el plomo, el mercurio, el cromo hexavalente, los bifenilos polibromados (PBB), los éteres de difenilo polibromados (PBDE) y los ftalatos DEHP, BBP, DBP y DIBP, y el 0,01 % para el cadmio. Los anexos III y IV enumeran exenciones de duración limitada para aplicaciones específicas, como el mercurio en determinadas lámparas o el plomo en determinadas aleaciones y soldaduras, que la Comisión renueva o retira mediante acto delegado.
RoHS sigue el marco legislativo nuevo. En virtud del artículo 7, los fabricantes deben diseñar y fabricar de conformidad con el artículo 4, elaborar la documentación técnica y aplicar el control interno de la producción (módulo A de la Decisión 768/2008), elaborar una declaración UE de conformidad y colocar el marcado CE; los importadores y distribuidores tienen las obligaciones de verificación habituales. Por ello, la declaración de conformidad debe cubrir tanto RoHS como la Directiva de baja tensión o la de equipos radioeléctricos, y el expediente técnico debe mostrar cómo se ha acreditado el cumplimiento del anexo II, normalmente mediante declaraciones de los proveedores y ensayos de materiales.