La Directiva marco de residuos define el régimen de responsabilidad ampliada del productor como el conjunto de medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera, o financiera y organizativa, de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto (artículo 3, punto 21). El artículo 8 permite a los Estados miembros imponer esa responsabilidad a cualquier persona que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional, incluidas la aceptación de los productos devueltos y de los residuos y la financiación de su gestión; y el artículo 8 bis fija requisitos mínimos generales para los regímenes: funciones claramente definidas, objetivos de gestión de residuos, obligaciones de información y contribuciones financieras que cubran los costes de la recogida separada, el transporte y el tratamiento y que, en la medida de lo posible, se modulen en función de la durabilidad, la reparabilidad, la reutilizabilidad y la reciclabilidad.
La legislación sectorial hace obligatorio el principio. Con arreglo al Reglamento de envases y residuos de envases, los productores tienen responsabilidad ampliada sobre los envases que comercializan por primera vez en un Estado miembro (artículo 45); con arreglo al Reglamento de pilas y baterías, sobre las pilas y baterías (artículo 56); y, en virtud de la Directiva RAEE, los productores financian la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y deben inscribirse en un registro en cada Estado miembro en el que vendan (artículos 12 y 16). En cada caso, «productor» se define por Estado miembro e incluye al fabricante, al importador, al titular de la marca y a los vendedores a distancia desde otros países, de modo que una empresa que vende en Dinamarca es productor en Dinamarca, esté o no establecida allí.
En la práctica, esto significa inscribirse en el registro nacional de productores, declarar las cantidades introducidas en el mercado, pagar las tarifas —normalmente a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP)— y, cuando el vendedor está establecido en el extranjero, designar un representante autorizado a efectos de responsabilidad ampliada del productor en cada Estado miembro afectado, como exigen los Reglamentos de pilas y baterías y de envases.