La compra de prueba de una autoridad ha fallado

La vigilancia del mercado no espera a las reclamaciones. El Reglamento (UE) 2019/1020 exige a las autoridades que realicen controles adecuados de las características de los productos a una escala suficiente, mediante comprobaciones documentales y, cuando proceda, comprobaciones físicas y de laboratorio basadas en muestras adecuadas, elegidas con un enfoque basado en el riesgo (artículo 11, apartado 3). Entre las facultades mínimas que los Estados miembros deben conferirles figura la de adquirir muestras de productos, incluso con una identidad encubierta, para inspeccionarlas y aplicarles ingeniería inversa (artículo 14, apartado 4, letra j)). Para los productos de consumo regulados por el Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR), el artículo 23, apartado 1, aplica estas disposiciones, junto con los artículos 12 a 15, 16, apartados 1 a 5, 18 y 19 del Reglamento (UE) 2019/1020.^[2]

Cuando una muestra falla, la autoridad debe actuar. Cuando un producto, utilizado conforme a su finalidad o en condiciones razonablemente previsibles, puede comprometer la salud o la seguridad o no es conforme, la autoridad exige al operador económico que adopte sin demora las medidas correctoras adecuadas y proporcionadas en un plazo que ella especifica (artículo 16, apartados 1 y 2). La medida puede consistir en poner el producto en conformidad, impedir su comercialización, retirarlo o recuperarlo y alertar al público, u otras medidas enumeradas en el artículo 16, apartado 3.^[2]

El operador tiene derechos procesales. Toda medida debe indicar los motivos exactos en que se basa y comunicarse sin demora, con información sobre los recursos disponibles y sus plazos (artículo 18, apartados 1 y 2). Antes de que se adopte la medida, debe ofrecerse al operador la oportunidad de ser oído en un plazo adecuado no inferior a 10 días hábiles, salvo que la urgencia lo haga imposible (artículo 18, apartado 3). Cuando un operador presenta informes de ensayo o certificados de un organismo de evaluación de la conformidad acreditado, la autoridad los tiene debidamente en cuenta (artículo 11, apartado 5).^[2]

El GPSR añade los deberes propios del operador. Todo operador económico coopera con las autoridades en las acciones que puedan eliminar o mitigar los riesgos y, a petición suya, facilita una descripción completa del riesgo, las reclamaciones conexas, los accidentes conocidos y las medidas correctoras, así como información de trazabilidad (GPSR, artículo 15, apartados 1 a 3). Si el fabricante o el importador considera que el producto es peligroso, adopta inmediatamente medidas correctoras, informa a los consumidores y notifica a las autoridades de los Estados miembros en que el producto se comercializó a través del Safety Business Gateway (artículos 9, apartado 8, y 11, apartado 8). Respecto de las unidades del lote que el importador todavía no ha introducido en el mercado, el deber de informar al fabricante y de asegurarse de que se informe a las autoridades ya se aplica antes de la introducción (artículo 11, apartado 2).^[1]