Vendemos reacondicionados y nos piden pruebas de seguridad

Los productos usados no quedan fuera de la normativa de seguridad de los productos. El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) se aplica a los productos introducidos o comercializados en el mercado, ya sean nuevos, usados, reparados o reacondicionados (artículo 2, apartado 3), y los operadores económicos solo pueden introducir o comercializar productos seguros (artículo 5). Hay dos exclusiones limitadas: los productos que deban repararse o reacondicionarse antes de su utilización, cuando se comercialicen como tales y estén claramente marcados como tales (artículo 2, apartado 3), y las antigüedades, es decir, productos como los objetos de coleccionista de los que los consumidores no pueden esperar razonablemente que cumplan las normas de seguridad más avanzadas (artículos 2, apartado 2, letra i), y 3, punto 28).^[1]

Una empresa que revende productos usados es, normalmente, un distribuidor. Antes de comercializar un producto, verifica que figuren el identificador, los datos del fabricante y del importador, y las instrucciones y la información de seguridad (artículo 12, apartado 1), y no debe comercializar un producto que tenga motivos para creer que no es seguro o que carece de ellos (artículo 12, apartado 3). Cuando el producto se ofrece en línea, la oferta muestra el fabricante, la identificación del producto y las advertencias (artículo 19). La seguridad se evalúa, entre otros aspectos, en función de las características del producto, de su presentación y sus instrucciones, y de los consumidores que probablemente lo utilicen (artículo 6, apartado 1). Una unidad introducida por primera vez en el mercado antes del 13 de diciembre de 2024 que cumpliera la antigua Directiva sobre seguridad general de los productos puede seguir comercializándose (artículo 51), y las directrices de la Comisión señalan que los nuevos requisitos de identificación y de contacto del GPSR no se le aplican (Comunicación de la Comisión C/2025/6233, sección 2.1).^[1][4]

El reacondicionamiento plantea la cuestión de quién es el fabricante. Se considerará fabricante a toda persona distinta del fabricante que modifique sustancialmente un producto, por la parte afectada o por la totalidad del producto si la modificación afecta a su seguridad (artículo 13, apartado 2). Una modificación es sustancial cuando repercute en la seguridad, cambia el producto de un modo no previsto en la evaluación de riesgos inicial, y cambia la naturaleza del peligro, crea un peligro nuevo o aumenta el nivel de riesgo (artículo 13, apartado 3). La Guía azul de la Comisión traza la misma línea para los productos CE: los productos reparados que no pasan a ser nuevos no necesitan una nueva evaluación de la conformidad, incluso si se utilizan mejores piezas de repuesto, mientras que un producto sometido a cambios importantes que modifiquen su rendimiento, finalidad o tipo originales debe considerarse nuevo.^[1][2]

En los productos CE, el momento decide qué régimen se aplica. Un acto CE se aplica cuando el producto se introduce en el mercado y hasta que llega al usuario final; una vez que ha llegado al usuario final, deja de ser un producto nuevo y el acto ya no se aplica, salvo a los productos usados importados de un tercer país, que deben cumplirlo cuando entran por primera vez en el mercado de la Unión (Guía azul, sección 2.1). La Guía azul sitúa los productos usados que ya están en el mercado de la Unión y se suministran a consumidores bajo las normas generales de seguridad de los productos, y el GPSR sustituyó esas normas (artículo 50, apartado 2). Conphora entiende, por tanto, que el GPSR se aplica íntegramente, incluidos los artículos 12 y 13, a la reventa de un producto CE usado, porque ningún acto CE se aplica a esa venta. La excepción para los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b)) no deja sin efecto estos artículos. Si el reacondicionamiento convierte el producto en nuevo con arreglo al acto CE, ese acto vuelve a aplicarse, con una nueva evaluación de la conformidad, el marcado CE y la declaración a su nombre.^[1][2]