Hicimos una alegación ecológica y no podemos documentarla

Las alegaciones medioambientales se rigen por el Derecho de consumo. La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva 2005/29/CE, prohíbe las prácticas comerciales desleales (artículo 5, apartado 1), y una práctica es engañosa si contiene información falsa o induce o puede inducir a error al consumidor medio, incluso cuando la información sea correcta desde el punto de vista fáctico, también por su presentación global (artículo 6, apartado 1). Entre las características principales que enumera figuran las características medioambientales o sociales y los aspectos de circularidad, como la durabilidad, la reparabilidad y la reciclabilidad (artículo 6, apartado 1, letra b), modificado por la Directiva (UE) 2024/825).^[1][2]

Las pruebas son el punto en el que fallan muchas alegaciones. Con arreglo al artículo 12, los Estados miembros atribuyen a los tribunales y a las autoridades administrativas la facultad de exigir al comerciante que presente pruebas de la exactitud de las afirmaciones de hecho y de considerar inexactas esas afirmaciones si las pruebas exigidas no se presentan o se estiman insuficientes. La Directiva también permite que las personas con un interés legítimo, incluidos los competidores, emprendan acciones contra las prácticas desleales (artículo 11, apartado 1). Una alegación publicada sin un expediente de pruebas es, por tanto, una alegación que no puede defenderse cuando alguien la cuestiona.^[1]

La Directiva (UE) 2024/825 declaró ilícitas en cualquier circunstancia varias alegaciones ecológicas. Los Estados miembros debían adoptar las medidas antes del 27 de marzo de 2026 y aplicarlas desde el 27 de septiembre de 2026 (artículo 4, apartado 1). El anexo I de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales enumera ahora, entre otras, las alegaciones medioambientales genéricas respecto de las cuales el comerciante no pueda demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido y pertinente para la alegación (punto 4 bis), las alegaciones sobre la totalidad del producto o de la empresa que se refieren solo a un aspecto (punto 4 ter) y las alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero debido a la compensación de emisiones (punto 4 quater). En estos casos, la cuestión no es si se indujo a error al consumidor; la práctica es desleal en sí misma (artículo 5, apartado 5).^[1][2]

Los considerandos ofrecen ejemplos. «Respetuoso con el medio ambiente», «ecológico», «verde», «respetuoso con el clima», «biodegradable» y «de origen biológico» son alegaciones genéricas cuando no se especifican en el mismo soporte. «Envase respetuoso con el clima» es genérica, mientras que «el 100 % de la energía utilizada para producir este envase procede de fuentes renovables» es específica (Directiva (UE) 2024/825, considerando 9). Un comportamiento medioambiental excelente reconocido significa el cumplimiento de la etiqueta ecológica de la UE, de un sistema reconocido oficialmente conforme con la norma EN ISO 14024 o un comportamiento de primer nivel con arreglo a otra legislación de la Unión (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, artículo 2, letra s)).^[2]

La Comisión propuso en marzo de 2023 una Directiva sobre alegaciones ecológicas independiente para establecer normas detalladas de justificación y verificación. El 4 de octubre de 2026, EUR-Lex recoge el procedimiento 2023/0085(COD) como en curso, con trámites de primera lectura y sin acto adoptado, por lo que no es Derecho vigente. Las sanciones por las infracciones de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales las establece cada Estado miembro. Cuando se imponen en el marco de actuaciones coordinadas con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, debe ser posible imponer multas cuyo importe máximo sea como mínimo el 4 % del volumen de negocios anual del comerciante en los Estados miembros afectados o, si no se dispone de datos sobre el volumen de negocios, al menos 2 millones de euros (artículo 13, apartados 3 y 4).^[3][1]