Vendemos muebles y ningún acto específico de la UE los cubre

La mayoría de los muebles no tienen un acto de producto propio, de modo que el Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) hace el trabajo. Se aplica a los productos introducidos en el mercado o comercializados en la medida en que no existan disposiciones específicas con el mismo objetivo en el Derecho de la Unión que regulen su seguridad; cuando existen requisitos específicos, solo cubre los riesgos que estos dejan abiertos, y para los productos sujetos a la legislación de armonización de la Unión no se aplica su capítulo III, sección 1 (artículos 9 a 18) (artículo 2, apartado 1). Se aplica por igual a los productos nuevos, usados, reparados y reacondicionados (artículo 2, apartado 3). La obligación esencial es breve: los operadores económicos introducen en el mercado o comercializan únicamente productos seguros (artículo 5). Las directrices de la Comisión citan el mobiliario y los artículos de puericultura como productos a los que el GPSR se aplica plenamente (Comunicación de la Comisión C/2025/6233, sección 2.2).^[1][3]

La seguridad se evalúa con arreglo a aspectos concretos. El artículo 6, apartado 1, enumera las características del producto, entre ellas su diseño, composición, envasado y las instrucciones de montaje, instalación, uso y mantenimiento; su efecto en otros productos que se utilicen con él; su presentación, etiquetado y advertencias; las categorías de consumidores, en particular los consumidores vulnerables, como los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad; y el aspecto que pueda inducir a un uso distinto del previsto, incluidos los productos no diseñados para niños que puedan ser utilizados por ellos. La posibilidad de alcanzar un nivel de seguridad superior no es en sí misma motivo para considerar peligroso un producto (artículo 6, apartado 2).^[1]

Las normas determinan cuánta prueba es suficiente. Se presume que un producto cumple el requisito general de seguridad cuando es conforme con las normas europeas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1025/2012, respecto de los riesgos que cubren; a falta de tales normas, la presunción la da la conformidad con los requisitos nacionales de salud y seguridad del Estado miembro de venta (artículo 7, apartado 1). La presunción no impide que las autoridades actúen cuando existan indicios de que el producto es peligroso (artículo 7, apartado 3). Cuando no se aplica ninguna presunción, la evaluación tiene en cuenta otras normas europeas, normas internacionales, sistemas de certificación voluntaria, directrices de la Comisión, normas nacionales, el estado de la técnica, códigos de buenas prácticas y las expectativas razonables de los consumidores (artículo 8, apartado 1).^[1]

El fabricante documenta el resultado antes de introducir el producto en el mercado. El artículo 9, apartado 2, exige un análisis interno de riesgos y una documentación técnica que incluyan, como mínimo, una descripción general del producto y de sus características esenciales de seguridad y, cuando proceda, el análisis de los riesgos y las soluciones adoptadas, el resultado de los informes de ensayo y la lista de normas u otros elementos aplicados. La documentación se mantiene actualizada y se conserva durante 10 años (artículo 9, apartado 3). El producto lleva un número de tipo, de lote o de serie y el nombre del fabricante con su dirección postal y electrónica, y va acompañado de instrucciones e información de seguridad claras (artículo 9, apartados 5 a 7). El importador comprueba que el fabricante lo ha hecho antes de introducir el producto en el mercado (artículo 11, apartado 1).^[1]

Además se aplican restricciones químicas. A partir del 6 de agosto de 2026, los muebles y los artículos de madera no pueden introducirse en el mercado si, en las condiciones de ensayo del apéndice 14, la concentración de formaldehído que liberan supera 0,062 mg/m³; para otros artículos el límite es 0,080 mg/m³ (REACH, Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo XVII, entrada 77, punto 1). Entre las excepciones figuran los artículos destinados exclusivamente a uso exterior y los artículos de segunda mano. La restricción se aplica junto con el GPSR y no sustituye al análisis de riesgos ni a la documentación técnica de los artículos 9 y 11; conserve en la documentación el informe de ensayo de formaldehído o las pruebas del proveedor.^[4]

La venta en línea añade sus propias obligaciones de información. Una oferta debe mostrar el nombre y las direcciones del fabricante, la persona responsable cuando el fabricante esté fuera de la Unión, una imagen y los identificadores del producto, y sus advertencias e información de seguridad en la lengua que determine el Estado miembro (GPSR, artículo 19).^[1]

Un fabricante de fuera de la Unión necesita además un socio dentro de ella. El producto no puede introducirse en el mercado a menos que un operador económico establecido en la Unión sea responsable de las tareas del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/1020 (GPSR, artículo 16, apartado 1): mantener la documentación a disposición de las autoridades, responder a una solicitud motivada de una autoridad en una lengua que esta comprenda, informarla de los riesgos y cooperar en las medidas correctoras (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 4, apartado 3).^[2]