Terminó la recuperación y queremos evitar la siguiente

Una recuperación con arreglo al Reglamento General de Seguridad de los Productos (UE) 2023/988 no termina cuando la empresa decide que ha hecho bastante. Las autoridades de vigilancia del mercado pueden solicitar al operador económico informes periódicos de progreso y pueden decidir si la medida correctora se considera completada y cuándo (artículo 15, apartado 6). El Reglamento (UE) 2019/1020 les exige contar con procedimientos para verificar que se ha adoptado la medida correctora que debía adoptarse (artículo 11, apartado 7, letra b)), y el GPSR aplica esa disposición a los productos de consumo mediante el artículo 23, apartado 1.^[1][2]

Lo que sigue es la obligación ordinaria del fabricante, ahora con información nueva. Antes de introducir un producto en el mercado, el fabricante realiza un análisis interno de riesgos y elabora la documentación técnica, que contiene, cuando proceda, un análisis de los posibles riesgos y de las soluciones adoptadas para eliminarlos o mitigarlos, incluido el resultado de los informes de ensayo (artículo 9, apartado 2). Esa documentación debe mantenerse actualizada y a disposición de las autoridades durante 10 años (artículo 9, apartado 3). Los fabricantes también garantizan que existan procedimientos para que los productos fabricados en serie sigan siendo conformes con el requisito general de seguridad (artículo 9, apartado 4). Una recuperación indica que puede ser necesario cambiar uno de esos procedimientos.^[1]

El interés de la autoridad va más allá del producto recuperado. Cuando se ha identificado un producto peligroso, puede solicitar al fabricante información sobre otros productos fabricados con el mismo procedimiento, que contengan los mismos componentes o que formen parte del mismo lote de producción, y que se vean afectados por el mismo riesgo (artículo 23, apartado 3). La recuperación y las medidas correctoras deben constar en el registro interno junto a las reclamaciones que las motivaron (artículos 9, apartado 12, y 11, apartado 10), y la descripción del riesgo, las reclamaciones, los accidentes y las medidas correctoras debe seguir pudiendo presentarse durante 10 años (artículo 15, apartado 4).^[1]

La prevención también rinde en la próxima inspección. Las autoridades eligen los controles con un enfoque basado en el riesgo que tiene en cuenta, entre otros factores, el historial de incumplimiento del operador económico y las reclamaciones de los consumidores (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 11, apartado 3).^[2]