Vendemos desde hace años sin documentación técnica

Para muchos productos de consumo, la obligación de contar con un expediente técnico es reciente. El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) se aplica desde el 13 de diciembre de 2024 (artículo 52) y derogó la Directiva 2001/95/CE en la misma fecha (artículo 50). Antes de introducir productos en el mercado, los fabricantes realizan ahora un análisis interno de riesgos y elaboran una documentación técnica que contiene, como mínimo, una descripción general del producto y de sus características esenciales relevantes para evaluar su seguridad (artículo 9, apartado 2). Los productos introducidos en el mercado antes del 13 de diciembre de 2024 conforme a la directiva anterior pueden seguir comercializándose (artículo 51), pero esa regla cubre las unidades ya introducidas, no el siguiente envío, porque la introducción en el mercado es la primera comercialización de cada producto (artículo 3, punto 7).^[1]

El contenido exigido depende del riesgo. Cuando proceda en función de los posibles riesgos, el expediente del GPSR contiene un análisis de los riesgos y de las soluciones adoptadas para eliminarlos o mitigarlos, incluidos los resultados de los informes de ensayo, así como la lista de normas europeas u otros elementos aplicados para cumplir el requisito general de seguridad; si una norma se aplicó solo en parte, se indican las partes aplicadas (artículo 9, apartado 2). El fabricante mantiene el expediente actualizado, lo conserva durante 10 años después de la introducción del producto en el mercado y lo pone a disposición de las autoridades cuando lo soliciten (artículo 9, apartado 3). Para los productos con marcado CE, la Guía azul de la Comisión cuenta esos 10 años a partir de la última unidad del modelo introducida en el mercado (nota 115), y la misma lectura es la más prudente para un expediente del GPSR.^[1]

Los productos con marcado CE ya tenían la obligación de contar con un expediente. Para los productos sujetos a un acto de armonización específico (como las directivas CE), no se aplican las obligaciones de los operadores económicos del capítulo III, sección 1, del GPSR (artículo 2, apartado 1, párrafo tercero, letra b)); el propio acto exige el expediente. Con arreglo a la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, por ejemplo, el fabricante elabora la documentación técnica del anexo III antes de redactar la declaración y colocar el marcado CE, y la conserva durante 10 años (artículo 6, apartados 2 y 3). El anexo III enumera la descripción general, los planos, las explicaciones, las normas aplicadas, los cálculos de diseño, los exámenes y los informes de ensayo, junto con un análisis y una evaluación adecuados de los riesgos.^[1][2]

Los importadores son los primeros en notar la carencia. Antes de introducir un producto en el mercado, el importador se asegura de que el fabricante haya elaborado la documentación técnica, y el importador que tenga motivos para creer que falta no introduce el producto en el mercado hasta que la carencia se haya subsanado (GPSR, artículo 11, apartados 1 y 2). Después, el importador conserva una copia de la documentación durante 10 años (artículo 11, apartado 6).^[1]

La falta de un expediente es sancionable aunque el producto en sí sea seguro. Las autoridades de vigilancia del mercado pueden exigir documentos en cualquier formato (Reglamento (UE) 2019/1020, artículo 14, apartado 4, letra a)), ordenar al operador que subsane el incumplimiento formal y, si no ocurre nada, asegurarse de que el producto sea retirado o recuperado (artículo 16, apartados 3 y 5).^[3]