Hay que presentar una declaración de diligencia debida EUDR

La diligencia debida con arreglo al Reglamento de la UE sobre la deforestación, el Reglamento (UE) 2023/1115, tiene tres partes: recopilar información, evaluar el riesgo y mitigarlo (artículo 8, apartado 2). Debe realizarse para todos los productos pertinentes antes de introducirlos en el mercado o de exportarlos (artículo 8, apartado 1). Solo cuando el operador concluya que los productos están libres de deforestación y se han producido legalmente, podrá presentar la declaración de diligencia debida, y esta debe ponerse a disposición de las autoridades competentes a través del sistema de información antes de la introducción en el mercado o de la exportación (artículo 4, apartado 2).^[1]

Los requisitos de información del artículo 9, apartado 1, son concretos. Incluyen la descripción y el nombre comercial y, en el caso de la madera, el nombre común y el nombre científico completo de la especie; la cantidad, en masa neta y en unidades suplementarias para las mercancías que entran en el mercado o salen de él; el país de producción; la geolocalización de todas las parcelas de terreno en las que se produjeron las materias primas, con la fecha o el intervalo de tiempo de producción; los datos de proveedores y clientes; y información suficientemente concluyente y verificable de que los productos están libres de deforestación y se han producido legalmente. La deforestación o la degradación forestal en una parcela descalifica todas las materias primas procedentes de esa parcela.^[1]

La evaluación del riesgo utiliza los criterios del artículo 10, apartado 2, desde la clasificación del riesgo del país con arreglo al artículo 29 hasta la complejidad de la cadena de suministro y el riesgo de elusión o de mezcla. Los operadores no pueden introducir los productos en el mercado a menos que la evaluación no revele ningún riesgo o solo un riesgo insignificante (artículo 10, apartado 1). Cuando todavía no sea así, deben adoptar medidas de mitigación, como exigir más información o realizar estudios o auditorías independientes (artículo 11, apartado 1). Los operadores que no sean pymes necesitan además un responsable de cumplimiento a nivel directivo y una función de auditoría independiente (artículo 11, apartado 2).^[1]

Cuando todas las materias primas procedan de países o partes de países clasificados como de riesgo bajo, el operador no necesita llevar a cabo las etapas de los artículos 10 y 11, tras evaluar la complejidad de la cadena de suministro y el riesgo de elusión o de mezcla; cualquier información que apunte a un riesgo restablece las obligaciones completas (artículo 13).^[1]

El número de referencia de la declaración acompaña después a las mercancías. Debe estar a disposición de la aduana antes del despacho a libre práctica o de la exportación (artículo 26, apartado 4), y el operador lo comunica a los operadores en una fase posterior de la cadena y a los comerciantes a los que suministra (artículo 4, apartado 7). Los registros se conservan durante cinco años (artículos 4, apartado 3, y 12, apartado 5), y el sistema de diligencia debida se revisa al menos una vez al año (artículo 12, apartado 2). Las obligaciones se aplican a partir del 30 de diciembre de 2026, y a partir del 30 de junio de 2027 para los operadores que sean personas físicas o microempresas o pequeñas empresas establecidas como tales a 31 de diciembre de 2024 (artículo 38).^[1][2]