Nos preguntan por la diligencia debida de las baterías

El capítulo VII del Reglamento de pilas y baterías (UE) 2023/1542 impone obligaciones de diligencia debida en materia de baterías a los operadores económicos que introducen baterías en el mercado o las ponen en servicio (artículo 1, apartado 2). Su ámbito de aplicación se limita por tamaño: el capítulo no se aplica a los operadores económicos que hayan tenido un volumen de negocios neto inferior a 40 millones de euros en el ejercicio anterior al último ejercicio y que no formen parte de un grupo que, sobre una base consolidada, supere ese límite (artículo 47). Tampoco se aplica a las baterías que se introducen de nuevo en el mercado tras su preparación para la reutilización, su readaptación o su refabricación, y se aplica sin perjuicio de las normas de la Unión sobre minerales y metales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.^[1]

La fecha de inicio se ha aplazado. El Reglamento (UE) 2025/1561 sustituyó la fecha del artículo 48, apartado 1, el 18 de agosto de 2025, por el 18 de agosto de 2027, y aplazó al 26 de julio de 2026 la fecha de las directrices de la Comisión del artículo 48, apartado 5. Sus considerandos explican el motivo: la designación de los organismos notificados para la verificación por terceros estaba llevando más tiempo del previsto, y los sistemas de diligencia debida para las materias primas aún debían desarrollarse y reconocerse.^[2]

Desde el 18 de agosto de 2027, los operadores incluidos deben establecer y aplicar políticas de diligencia debida en materia de baterías y hacer que un organismo notificado las verifique y las audite periódicamente (artículo 48, apartados 1 y 2). La política abarca las materias primas del anexo X, punto 1, a saber, cobalto, grafito natural, litio, níquel y los compuestos químicos basados en ellos que son necesarios para los materiales activos, y las categorías de riesgos sociales y medioambientales del punto 2, desde el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad hasta la salud y la seguridad en el trabajo, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, las libertades sindicales y la vida de las comunidades. El artículo 49 exige un sistema de gestión con responsabilidad de la alta dirección, un sistema de cadena de custodia o de trazabilidad, contratos con proveedores y un mecanismo de reclamación; el artículo 50 exige la identificación de riesgos, un plan de gestión de riesgos y la verificación por terceros de la propia cadena de diligencia debida del operador.^[1]

El capítulo está concebido para transmitirse a lo largo de la cadena de suministro. Los operadores incluidos ponen toda la información pertinente obtenida en virtud de su política a disposición de sus compradores inmediatos de la fase posterior de la cadena, respetando debidamente la confidencialidad comercial (artículo 52, apartado 2); publican un informe anual sobre su política, que incluye un resumen de las verificaciones de terceros (artículo 52, apartado 3); y facilitan a las autoridades el informe de verificación, la decisión de aprobación y los informes de auditoría cuando se los solicitan (artículo 52, apartado 1). Conservan la documentación durante 10 años desde la introducción en el mercado de la última batería fabricada con arreglo a la política (artículo 48, apartado 3).^[1]