Un competidor ha denunciado nuestra afirmación ambiental

La aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva 2005/29/CE, no depende solo de las autoridades. Los Estados miembros deben garantizar que las personas u organizaciones con un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, incluidos los competidores, puedan emprender acciones judiciales contra ellas o someterlas a una autoridad administrativa (artículo 11, apartado 1). Cada Estado miembro decide cuáles de estas vías están disponibles y si puede exigirse el recurso previo a otros medios, como los responsables de códigos.^[1]

Las facultades disponibles son amplias. Los tribunales o las autoridades administrativas pueden ordenar el cese de una práctica desleal, o prohibir una que sea inminente, incluso sin prueba de una pérdida o un perjuicio reales ni de dolo o negligencia por parte del comerciante, y por un procedimiento acelerado con efecto provisional o definitivo (artículo 11, apartado 2). Tras una resolución definitiva, pueden estar facultados para exigir la publicación de la resolución y una declaración rectificativa. También pueden exigir al comerciante que aporte pruebas de la exactitud de las afirmaciones de hecho y considerar inexactas las afirmaciones si no se aportan pruebas o estas son insuficientes (artículo 12).^[1]

El fondo de una denuncia sobre una afirmación ecológica suele ser una de dos cosas. O bien la afirmación figura en la lista de prácticas desleales en cualquier circunstancia que añadió la Directiva (UE) 2024/825 y se aplica desde el 27 de septiembre de 2026, como una etiqueta de sostenibilidad sin certificar (anexo I, punto 2 bis) o una afirmación medioambiental genérica sin un comportamiento medioambiental excelente reconocido (punto 4 bis), o bien el competidor sostiene que la afirmación induce a error al consumidor medio sobre las características medioambientales o los aspectos de circularidad (artículo 6, apartado 1, letra b)). Una práctica incluida en la lista no requiere valorar su efecto en los consumidores (artículo 5, apartado 5).^[1][3]

Cuando la afirmación compara su producto con el del competidor, se aplica también la Directiva 2006/114/CE. La publicidad comparativa solo se permite cuando cumple todas las condiciones del artículo 4, entre ellas que no sea engañosa, que compare bienes que satisfacen las mismas necesidades y que compare objetivamente características esenciales, pertinentes, verificables y representativas. Los Estados miembros dan a los competidores los medios para actuar contra la publicidad engañosa y la publicidad comparativa ilícita (artículo 5), y los tribunales pueden exigir al anunciante que aporte pruebas de las afirmaciones de hecho, en la publicidad comparativa en un plazo breve (artículo 7).^[2]

Los organismos de autorregulación también pueden tramitar estas denuncias, pero solo además de los procedimientos judiciales o administrativos (Directiva 2005/29/CE, artículo 10; Directiva 2006/114/CE, artículo 6).^[1][2]