Gestionamos un mercado en línea y debemos cumplir el GPSR

El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) define al prestador de un mercado en línea como el prestador de un servicio intermediario que utiliza una interfaz en línea que permite a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes para la venta de productos (artículo 3). El artículo 22 establece las obligaciones específicas de estos prestadores, sin perjuicio de las obligaciones generales de la Ley de Servicios Digitales.^[1]

El artículo empieza por el contacto y los procesos: un punto de contacto único para las autoridades (artículo 22, apartado 1), otro para los consumidores (artículo 22, apartado 2) y procesos internos de seguridad de los productos (artículo 22, apartado 3). A continuación fija los plazos. Las órdenes de las autoridades de vigilancia del mercado de retirar la oferta de un producto peligroso, inhabilitar el acceso a ella o mostrar una advertencia se atienden en un plazo de dos días hábiles (artículo 22, apartado 4); las notificaciones de otros se tramitan en un plazo de tres días hábiles (artículo 22, apartado 8).^[1]

Las demás obligaciones se refieren a las ofertas en sí. Los prestadores utilizan, como mínimo, el portal Safety Gate al comprobar las ofertas (artículo 22, apartado 7), permiten a los comerciantes facilitar la información obligatoria y velan por que se muestre (artículo 22, apartados 9 y 10), suspenden a los comerciantes que ofrecen con frecuencia productos no conformes (artículo 22, apartado 11) y cooperan con las autoridades y los operadores económicos en las medidas correctoras (artículo 22, apartado 12). Esa cooperación es concreta: notificar directamente a los consumidores que compraron a través del mercado un producto recuperado, publicar las recuperaciones, informar a las autoridades a través del Safety Business Gateway sobre los productos peligrosos que sepan que se han ofrecido y notificar los accidentes que hayan causado un riesgo grave o un daño real (artículo 22, apartado 12, letras a), d) y e)). Las facultades de las autoridades proceden del Reglamento (UE) 2019/1020.^[2]